El pasado jueves 15 de febrero, miles de transportistas tomaron las principales carreteras del país, con el fin de exigir un alto a la inseguridad y extorsiones, estas afectaciones se concentraron en las vías de acceso a la CDMX. 

En el sur, la autopista México-Cuernavaca, cerrando ambas direcciones y provocando un tráfico de varias horas, según Caminos y Puentes Federales (Capufe), en el norte se cerraron seis carriles de la autopista México-Querétaro, con autobuses y camiones estacionados en batería y por último, México-Pachuca, los cortes a la circulación vehicular fue intermitente. así como México-Puebla, filas de automóviles varados se extendieron hasta 4 kilómetros

En relación a esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que estas manifestaciones tienen "fines politiqueros", además agregó que ya se han ofrecido garantías de seguridad en los caminos de país, "no podemos dejarnos chantajear”, comentó en conferencia.

La Guardia Nacional, consigna que las concentraciones se han extendido a otras zonas del país como Puebla, Veracruz, Hidalgo, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Sinaloa y el Estado de México, entre otros. 

Algunos de los lemas que se lee en las manifestaciones se encuentra: “El patrimonio de los transportistas es sagrado, alto a los robos en carreteras”, quienes fueron convocados por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac). 

”No más abusos y extorsiones”, se ve en otras. Aunque no ha dado una lista exhaustiva de los puntos de movilización, la organización anunció cierres en la carretera Amecameca-Chalco, en la vía Morelos en Ecarepec, en la autopista México-Tulancingo y en el arco norte, a la altura de Tula. 

Los paros incluyeron concentraciones y caravanas de marcha lenta, con afectaciones que han durado horas. En el caso de la salida de la autopista México-Puebla, la Policía de Ciudad de México impidió que los manifestantes avanzaran al Zócalo de la capital y los orillaron para liberar algunos de los carriles, en escenas que se repiten en otras regiones. Otros manifestantes en el Valle de México mantienen la intención de llegar al centro de la ciudad.

Los representantes de la Amotac ofrecieron disculpas por el caos vial, pero mantuvieron la postura de que la situación de inseguridad es “insostenible”. Además de las protestas contra la delincuencia, la organización enlistó en un comunicado otras demandas a las corporaciones de seguridad y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: prohibición de tractocamiones de doble remolque, actualización del registro vehicular, la reclasificación de carreteras para proteger la seguridad de los usuarios, el fin de las extorsiones de las autoridades con multas injustas y claridad en las tarifas que deben cubrir para desempeñar su trabajo.

La Amotac ha permanecido en que son movilizaciones pacíficas y aseguró que una de las razones para reactivar el paro es que las muertes de transportistas han seguido sin que se reflejen cambios o avances contra la violencia. “El transporte mexicano necesita una solución, no es posible que a través de los años y los cambios de gobierno sigamos con estos vicios de chantaje y corrupción”, acusó a las autoridades de no cumplir en las negociaciones.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se hizo eco de los reclamos del presidente y dijo que las protestas tienen “intereses políticos”. Alcalde señaló que, aunque las demandas son legítimas, el diálogo con las autoridades es la única vía para resolver el conflicto y que no veía razones para que los líderes de la Amotac se levantaran de la mesa de negociaciones el miércoles, en el último intento para frenar el paro nacional. La funcionaria dijo que los bloqueos son “injustificados” porque ya se han empezado a desahogar las peticiones administrativas y de seguridad. La cartera de Comunicaciones no se ha pronunciado sobre el paro. Las autoridades se han centrado en la dimensión política de las manifestaciones y en dar partes viales de las autopistas afectadas, aunque el flujo de coches ha tardado en normalizarse. 

En 2023 se denunciaron casi 9.200 robos a transportistas, la cifra más alta de los últimos tres años, según datos oficiales. El máximo de carpetas de investigación abiertas por este delito fue en 2019, cuando hubo más de 11.600 denuncias, pero desde 2020 no se ha rebasado el umbral de los 10.000 casos. La Amotac, sin embargo, denuncia que 14 transportistas han muerto en enero y febrero de este año.