Por.- César Adrián Castro Aguilar.

En política, las palabras pesan, más aún cuando provienen de un secretario general de gobierno.

Por eso sorprenden las declaraciones hechas desde Zacatecas, donde se pretende instalar la narrativa de que Durango vive un supuesto efecto cucaracha, es decir, que la presión contra la delincuencia en estados vecinos habría desplazado a grupos criminales hacia territorio zacatecano.

La afirmación no sólo carece de sustento público, sino que además contradice los índices nacionales que, desde hace años, colocan a Durango entre las entidades con mejores niveles de seguridad del país.

Claro, Zacatecas enfrenta una situación compleja en materia de seguridad. Nadie puede negarlo.

Pero trasladar la responsabilidad hacia Durango no resuelve un solo problema; al contrario, desvía la atención de los desafíos internos y abre un frente político innecesario entre dos estados que comparten historia, comercio y una extensa frontera.

La seguridad no entiende de colores partidistas ni de rivalidades regionales.

El CO tampoco respeta límites geográficos; precisamente por ello, la coordinación entre gobiernos debería fortalecerse, no deteriorarse con declaraciones que generan confrontación y percepción de desconfianza.

El problema es que una afirmación de ese calibre debe estar respaldada por pruebas contundentes y no por percepciones o hipótesis.

Hasta ahora, la evidencia pública no sostiene esa narrativa; durante los últimos años, Durango ha logrado mantenerse entre las entidades con mejores indicadores de seguridad del país.

Eso no significa que el estado esté exento de riesgos, sería ingenuo afirmarlo.

Sin embargo, una cosa es reconocer que existen desafíos permanentes y otra muy distinta es construir un discurso que pretenda responsabilizar a Durango de una problemática cuya raíz se encuentra en otro territorio.

Durango ha construido una imagen de estabilidad que ha costado años de trabajo institucional, coordinación entre autoridades y participación ciudadana.

Esa reputación no puede ponerse en duda con afirmaciones que hasta ahora, no han sido acompañadas de pruebas verificables.

Si existen elementos concretos sobre movimientos de grupos delictivos, corresponde presentarlos en las mesas de seguridad, compartir inteligencia y actuar de manera coordinada.

Lo que no abona es ventilar hipótesis en los medios de comunicación como si fueran hechos consumados.

Durango y Zacatecas necesitan más coordinación y menos descalificaciones.

Porque cuando los gobiernos convierten la seguridad en un instrumento de disputa política, los únicos que ganan son quienes verdaderamente representan la amenaza.

La responsabilidad de un servidor público no es encontrar a un estado vecino al cual señalar, sino ofrecer resultados a los ciudadanos de su propio estado que esperan soluciones.

#LaHistoriaSigue 

Mentas y mentadas.- una_299@hotmail.com